La corrupción es una epidemia que carcome todo sistema democrático. El Perú, es bien sabido, no es inmune a aquella plaga. Por ello, el gobierno de turno ha creado la Oficina Nacional de Anticorrupción (ONA), para que legisle todo acto irregular exclusivamente en el ejecutivo. Pero, ¿Es la ONA la solución a la inminente corrupción que infecta a la política Peruana?
Es importante mencionar que esta institución ha sido creada por el ejecutivo, primera situación que genera suspicacia. ¿Las instituciones anticorrupción no deberían mantener absoluta independencia del gobierno, para ejercer un trabajo limpio y sin presiones? El secretario general del APRA, Mauricio Mulder, reafirmó el “apoyo decidido” a Carolina Lizárraga, titular de dicha oficina. Sin embargo, que la ONA no dependa del ejecutivo garantiza la ética de su labor. La anticorrupción tiene que ser manejada desde un ángulo neutral. La independencia financiera debería ser un supuesto básico en la creación de la ONA.
Sin embargo, la dependencia a la que está sometida la ONA trae consigo otros defectos. Lizárraga admitió que su campo de acción comienza y termina en el Poder Ejecutivo, es decir, no podrá investigar los presuntos actos de corrupción del Congreso, de los municipios o de los gobiernos regionales. Sin embargo, los casos de corrupción son más comunes en estas últimas instancias. Es decir, la ONA tiene claras limitaciones en su accionar. Entonces, ¿Cómo puede funcionar adecuadamente con semejantes limitaciones? Es más, ni siquiera podrá citar a las personas involucradas en supuestas irregularidades para que brinden su testimonio.
Se saluda todo intentó orientado a la eliminación de la corrupción; sin embargo, la institucionalidad es un requisito para toda estructura publica. ¿Porque haya una oficina anticorrupción, no habrá corrupción? No. La ONA solo es un nimio paliativo a la corrupción que generará inversión por parte del estado y desorden funcional, respecto de las otras identidades con parecidas funciones.
Es importante mencionar que esta institución ha sido creada por el ejecutivo, primera situación que genera suspicacia. ¿Las instituciones anticorrupción no deberían mantener absoluta independencia del gobierno, para ejercer un trabajo limpio y sin presiones? El secretario general del APRA, Mauricio Mulder, reafirmó el “apoyo decidido” a Carolina Lizárraga, titular de dicha oficina. Sin embargo, que la ONA no dependa del ejecutivo garantiza la ética de su labor. La anticorrupción tiene que ser manejada desde un ángulo neutral. La independencia financiera debería ser un supuesto básico en la creación de la ONA.
Sin embargo, la dependencia a la que está sometida la ONA trae consigo otros defectos. Lizárraga admitió que su campo de acción comienza y termina en el Poder Ejecutivo, es decir, no podrá investigar los presuntos actos de corrupción del Congreso, de los municipios o de los gobiernos regionales. Sin embargo, los casos de corrupción son más comunes en estas últimas instancias. Es decir, la ONA tiene claras limitaciones en su accionar. Entonces, ¿Cómo puede funcionar adecuadamente con semejantes limitaciones? Es más, ni siquiera podrá citar a las personas involucradas en supuestas irregularidades para que brinden su testimonio.
Se saluda todo intentó orientado a la eliminación de la corrupción; sin embargo, la institucionalidad es un requisito para toda estructura publica. ¿Porque haya una oficina anticorrupción, no habrá corrupción? No. La ONA solo es un nimio paliativo a la corrupción que generará inversión por parte del estado y desorden funcional, respecto de las otras identidades con parecidas funciones.
Es una lastima ver, una vez más, la pobre presentación de nuestra selección en una competencia internacional. Debo empezar confesando mi desazón, escepticismo y asco por el fútbol peruano. Sin embargo, hay algo inconsciente en mí que me insita a ver un partido de nuestra paupérrima selección. Yo no sé qué carajo será. Los que me conocen, saben de mi total ignorancia por algún tema deportivo.